El gobierno intensifica el uso de la fuerza policial frente al auge delictivo, mientras se reaviva el debate sobre el rol de las ONGs ...
Perú refuerza represión del crimen y crece crítica a ONGs y derechos de delincuentes
Lima, Perú — En medio de una creciente ola de inseguridad ciudadana, extorsiones, sicariato y crimen organizado, el Congreso de la República del Perú ha aprobado una reforma clave a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta decisión, enmarcada en un contexto de urgencia social, ha encendido tanto el respaldo ciudadano como un debate jurídico y político de alta intensidad.
Un nuevo marco para el uso de la fuerza
La modificación del Decreto Legislativo N.º 1186 —vigente desde 2015— tiene como eje fortalecer la posición legal de los agentes del orden. Basada en los proyectos de ley N.º 5239/2022-CR y N.º 6531/2023-CR, la reforma permite a la PNP utilizar fuerza letal ante amenazas reales e inminentes sin necesidad de agotar todas las medidas previas de disuasión. La intención es clara: proteger al efectivo policial frente a procesos penales que, en la práctica, han desalentado la acción decidida frente al crimen.
La confrontación detrás del debate legal
La medida, sin embargo, no solo reorganiza el marco legal operativo. Ha puesto en el centro del debate nacional a las ONGs de tendencia progresista, a determinados fiscales y a magistrados del Poder Judicial. Para un sector creciente de la opinión pública y del arco político conservador, estos actores no son simples observadores legales, sino promotores activos de una visión ideologizada que debilita la capacidad del Estado.
“Los policías enfrentan procesos judiciales por cumplir con su deber, mientras los delincuentes reinciden amparados por tecnicismos legales”, denuncia un exministro del Interior. “Esa inversión de valores es promovida por redes que anteponen una visión ideológica al sentido de justicia”.
¿Una red con intereses ideológicos?
La acusación va más allá de lo judicial. Se plantea la existencia de una red —alimentada por financiamiento internacional— que opera bajo el discurso de derechos humanos para imponer una narrativa que victimiza al criminal y deslegitima al Estado. Analistas advierten que determinadas ONGs actúan como engranajes de presión mediática, legal y política, en coordinación con sectores judiciales afines a posturas de izquierda.
“No se trata solo de proteger garantías. Se trata de capturar la narrativa del Estado y bloquear su capacidad coercitiva con fines políticos”, sostienen voces críticas. El concepto de "derechos de los delincuentes", aunque jurídicamente incorrecto, se ha instalado como símbolo de una percepción popular: la impunidad estructural.
Tecnología y colaboración privada: confusión en el debate
Un componente técnico ha generado confusión: ¿esta ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con la policía en tiempo real? La respuesta es negativa. Esa capacidad ya existe desde el 2015, bajo el Decreto Legislativo N.º 1182, y fue reforzada por la Ley N.º 31284 en 2021. Esta permite la geolocalización de sospechosos sin orden judicial en situaciones de flagrancia delictiva.
La reforma actual no introduce cambios en este aspecto. Su foco está en el uso proporcional de la fuerza, no en la ampliación de las capacidades tecnológicas del Estado.
El precedente estadounidense
Para sus impulsores, la ley recoge experiencias internacionales, particularmente la estadounidense. En EE. UU., el respaldo legal y político a la policía ha sido históricamente robusto, incluso frente a cuestionamientos internacionales. El mensaje subyacente: un Estado que no respalda a sus fuerzas del orden renuncia al control territorial.
El Perú, bajo esta premisa, estaría tomando un giro estratégico frente al avance del crimen organizado, narcotráfico y bandas transnacionales. “No es solo seguridad. Es soberanía interna”, argumentan sus defensores.
Entre la legitimidad y la línea gris
Las ONGs de derechos humanos, asociaciones civiles y sectores judiciales no han tardado en manifestar su rechazo. Alegan que la norma puede abrir la puerta a abusos sistemáticos y ejecuciones extrajudiciales. “Vulnera el derecho a la vida y el principio de proporcionalidad”, advirtió un vocero de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La línea entre autoridad legítima y abuso, señalan, puede volverse difusa si no se establecen mecanismos de control y supervisión adecuados. La pregunta no es si el Estado debe tener fuerza, sino cómo garantizar que esta no se convierta en arbitrariedad.
¿Hacia dónde va el Perú?
La aprobación de esta ley no clausura el debate; lo intensifica. El país se encuentra en una encrucijada: recuperar el principio de autoridad como condición mínima para el orden o perpetuar un sistema que castiga al que enfrenta al crimen y absuelve al que lo perpetra.
El resultado dependerá de factores múltiples: la implementación operativa de la ley, el respaldo político e institucional que reciba, y la capacidad del gobierno para resistir una eventual ofensiva legal y mediática de quienes, desde dentro y fuera del país, ven en el empoderamiento policial una amenaza a su modelo de influencia.
