El crimen organizado ya no solo opera desde las sombras. Ha aprendido a camuflarse en las propias instituciones diseñadas para combati...
“Un Estado que no limpia primero a quienes lo protegen, fracasa en su deber de proteger a los demás.”
Capítulo: Seguridad nacional y reforma institucional
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Introducción: Cuando la seguridad es parte del problema
Las fuerzas del orden son columna vertebral de cualquier democracia funcional. Sin embargo, en el Perú, la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) atraviesan una crisis profunda: el crimen organizado se ha infiltrado en sus estructuras, comprometiendo su integridad, eficacia y legitimidad. En este contexto, ninguna reforma estructural será viable ni efectiva sin una erradicación frontal, decidida y absoluta del crimen desde adentro.
I. Infiltración criminal: una amenaza interna sin precedentes
El crimen organizado ya no solo opera desde las sombras. Ha aprendido a camuflarse en las propias instituciones diseñadas para combatirlo. Casos recientes muestran a efectivos policiales involucrados en secuestros, narcotráfico, extorsiones y, lo más alarmante, en filtraciones de inteligencia sobre operativos contra bandas delictivas.
Un hecho simbólico ilustra la gravedad: un ajuste de cuentas entre tres policías activos culminó con la muerte de uno de ellos, asesinado por sus propios cómplices tras un robo fallido. El mensaje es claro: la corrupción ya no es un rumor; es un cáncer en fase avanzada.
Esta situación pone en jaque no solo la seguridad ciudadana, sino la estructura misma del Estado. El enemigo no está en la calle: se ha sentado en los cuarteles, ha ingresado a las comisarías y se viste con uniforme.
II. Politización institucional: el obstáculo invisible
El otro componente del problema es menos visible pero igual de corrosivo: la politización. La influencia partidaria en los ascensos, designaciones y decisiones estratégicas ha transformado a las fuerzas del orden en instrumentos del poder político, y no en garantes del orden constitucional.
Esta instrumentalización no es nueva. Gobiernos sucesivos han utilizado a la PNP y FFAA como brazos ejecutores de intereses políticos, debilitando su neutralidad, su capacidad técnica y su legitimidad frente a la ciudadanía. La consecuencia directa es la desmoralización del personal honesto, el deterioro del profesionalismo y la creación de redes de lealtades partidarias que impiden cualquier intento real de reforma.
Una comparación útil para entender lo que está en juego es el modelo institucional de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, donde, pese a estar bajo el mando del presidente como comandante en jefe, se garantiza una neutralidad política efectiva mediante un complejo sistema de equilibrio legal, supervisión civil, cultura de profesionalismo y planificación institucional de largo plazo.
Leyes como la Ley Posse Comitatus, la prohibición de participación política activa por parte del personal en servicio, los ascensos por mérito, y la existencia de órganos civiles independientes de supervisión —como el Congreso y el Departamento de Defensa— aseguran que las fuerzas armadas estadounidenses sirvan al Estado y no a intereses partidarios.
Este modelo no es perfecto, pero ofrece lecciones valiosas: el profesionalismo militar, una cultura institucional comprometida con la Constitución, y una planificación estratégica ajena a los vaivenes políticos son elementos clave para preservar la legitimidad y eficacia de las fuerzas del orden. Sin un marco similar en el Perú, el riesgo de instrumentalización política seguirá socavando toda posibilidad de reforma real.
III. Cinco pilares para una reforma estructural efectiva
- Depuración total y radical: Implementar unidades de contrainteligencia internas para detectar y expulsar de forma inmediata a efectivos vinculados con el crimen. Las sanciones deben ser ejemplares, con reclusión directa en penales de alta seguridad.
- Ascensos por mérito, no por afinidad: Crear un sistema de promoción transparente y automatizado, basado en desempeño, formación continua y pruebas públicas. La política debe quedar fuera del escalafón policial y militar.
- Órgano de supervisión autónomo: Un ente civil y técnico, con facultades plenas de auditoría, investigación y sanción, independiente del poder ejecutivo, que supervise todas las acciones de las fuerzas del orden.
- Despolitización del mando: Reformar el sistema de nombramiento de altos mandos para que no dependan del gobierno de turno, sino de un sistema colegiado e independiente con criterios estrictamente técnicos.
- Sanciones públicas y disuasivas: Los procesos disciplinarios deben ser públicos y las expulsiones deshonrosas, ejemplares. No como circo mediático, sino como mensaje de "tolerancia cero" a la corrupción.
Conclusión: sin limpieza interna no hay seguridad externa
El Estado peruano no podrá proteger a su población si antes no protege la integridad de sus propias instituciones. La infiltración criminal y la politización han convertido a la PNP y FFAA en estructuras vulnerables, cuando deberían ser bastiones de la legalidad.
Las reformas no deben limitarse a medidas punitivas. Es necesario reconstruir una cultura institucional basada en el servicio público, la ética profesional y el liderazgo moral. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana y establecer una seguridad duradera.
Una PNP y FFAA limpias, meritocráticas y despolitizadas no son una opción: son el primer paso hacia un Perú más justo, seguro y democrático.
